La sentencia del TJUE sienta jurisprudencia en toda Europa, también en Castilla y León.
La sentencia de 27 de octubre de 2021 del Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por los Servicios Jurídicos de la Junta, y anula la sentencia de 12 de diciembre de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Así mismo, el Supremo deja sin efecto la obligación que judicialmente se había impuesto a la Junta de reparar el daño causado por el abatimiento de los lobos cazados, y que se había cuantificado en 842.721 euros.
Jesús Julio Carnero pone de relieve que “el reto demográfico se desatiende con lobos” que “no son buenos ni en el cuento”.
Los ganaderos denuncian que su actividad está condenada "a la extinción" y varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, llevarán la medida del Gobierno ante los tribunales.
Según la opa, la decisión del Ministerio supone un "ataque frontal" a la ganadería extensiva y una "presión insoportable" para muchas explotaciones.