La Junta gestionó en 2020 más de 530 expedientes de acceso a la información pública
La Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno recoge en la web corporativa de la Junta de Castilla y León los datos relativos al ejercicio del derecho de acceso a la información pública durante el año 2020, sumando esa actividad a la de años anteriores. De acuerdo con ese informe, en 2020 gestionó 536 expedientes generados, 445 resoluciones estimatorias, 12 resoluciones desestimatorias, 84 resoluciones de inadmisión y 54 expedientes pendientes de resolver. Entre esas resoluciones citadas también se incluyen las correspondientes a algunos expedientes abiertos a finales del año 2019.
Desde el Gobierno regional señalan en un comunicado recogido por Ical que si bien la mayoría de solicitantes fueron personas físicas y jurídicas, 71 de ellos surgieron a partir de solicitudes presentadas por profesionales del Periodismo y 21 por estudiantes o investigadores. Este parámetro de tipo de solicitante referido no es obligatorio al cumplimentar la solicitud para ejercer el derecho de acceso a la información pública, circunstancia que también ocurre al reflejar datos en función de sexo. Pese a ello las cifras registradas fueron: 245 hombres, 174 mujeres y 117 solicitudes sin identificación de este dato concreto.
Atendiendo a la procedencia u origen del solicitante, 124 procedieron de Valladolid, 93 de Burgos, 81 de León, 15 de Segovia, 15 de Soria, 14 de Zamora, 13 de Salamanca, 8 de Palencia y 7 de Ávila. Desde la Comunidad de Madrid se realizaron 74 solicitudes; 41 de otras provincias, y en 51 de los casos no se dejó constancia del origen. En cuanto al medio de presentación, 491 solicitudes se realizaron mediante formulario electrónico, de manera presencial en 42 casos, dos mediante correo electrónico y una por fax.
La Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno canaliza la recepción de todas las solicitudes de acceso a la información pública pero depende de cada consejería del Gobierno autonómico la tramitación interna, la resolución y la respuesta a la persona física o jurídica solicitante. A tenor del análisis de los datos de 2020, las consejerías que mayor número de tramitaciones gestionaron fueron: Sanidad, 112; Educación, 90; Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, 84; Fomento y Medio Ambiente, 59; Familia e Igualdad de Oportunidades, 50; Presidencia, 36; Economía y Hacienda, 33; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 26; Empleo e Industria, 23; y Cultura y Turismo, 23.
La clasificación de los 536 expedientes en función de su temática la encabeza la información estadística, con 117; empleo público, 91; contratación, 36; medio ambiente, 26; información económica (subvenciones), 24; información económica (gastos), 16; ordenación del territorio y urbanismo, 15; obra pública, 15; información jurídica, 6; actividad institucional, 5; más finalmente un número de 185 solicitudes registradas en las que se demandaban cuestiones sobre otras temáticas variadas.
Cualquier persona puede ejercer su derecho de acceso a la información pública para obtener documentos o datos en poder de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, generados o adquiridos para el ejercicio de sus funciones. Según explican, antes de presentar una solicitud de acceso a información pública es preciso consultar si un contenido ya está publicado o se trata de información administrativa referente a servicios, trámites y ayudas disponibles, normativa u otras materias que pueden solicitarse mediante los formularios de contacto de los portales web de la Junta de Castilla y León o acudir al Servicio de Atención al Ciudadano 012.